Merkel, feliz con Rajoy: 140.000 millones para sus bancos Leer más: Merkel, feliz con Rajoy: 140.000 millones para sus bancos

Artículo en en confidencial. Com

El Camino de Santiago es uno de los destinos favoritos de los alemanes. El hecho de que Ángela Merkel se haya encontrado en él con Mariano Rajoy es muy simbólico y las sonrisas en la foto son verdaderas. Porque Merkel está encantada de que su Rajoy haya hecho en los dos años desde su última visita casi todo lo que ella quería: más impuestos, más austeridad yninguna duda sobre el euro y Europa, incluido el seguimiento ciego en el apoyo a los golpistas de Kiev y en contra de los intereses de España. Mientras, Rajoy conseguirá seguro que ella le pague su fidelidad con dos poltronas de lujo en Bruselas para Luis de Guindos y Miguel Arias Cañete.

Pero la foto con los dos líderes sonriendo no cuadra para nada con la realidad de los dos países y la situación en Europa. España sigue teniendo problemas graves mucho más profundos de lo que reflejan las cifras oficiales. En la última visita de 'Mami' –como se le conoce a Merkel en Alemania– a España, el 6 de septiembre de 2012, también reían los dos ante las cámaras. Rajoy, con mucho nerviosismo, pero ella con mucha naturalidad, sabiendo que con el rescate bancario de 100.000 millones de euros rescataría indirectamente a sus propias entidades financieras metidas en 2007 con 140.000 millones de euros, según el Banco Internacional de Pagos. Ningún país dependía más del sector financiero español que Alemania.

España está mucho peor que en 2012. La deuda pública total, los pasivos en circulación, lo que debe el sector público español y lo que las futuras generaciones de españoles tendrán que devolver han aumentado 430.000 millones de euros, hasta llegar a los 1,43 billones: una salvajada imposible de devolver. Y todo para mantener un Estado inviable y corrupto, donde casi dos millones de enchufados nombrados a dedo, parientes y amigos de la casta política vampirizan a toda la nación. En el empleo se han destruido más de seis millones de horas de trabajo y da igual que nos digan que el número de empleados es el mismo, porque los empleos creados son empleos indecentes y los destruidos, decentes.

Un 30% de los niños españoles viven hoy por debajo del umbral de la pobreza. Las diferencias de renta y riqueza son las mayores de Europa, y multiplican por 4 las existentes hasta 1975. La renta disponible de las familias se está desmoronando y los impuestos no paran de subir hasta convertirnuestro sistema fiscal en el más arbitrario y confiscatorio del mundo desarrollado (las comunidades autónomas y ayuntamientos han inventado decenas de nuevos impuestos y tasas para mantener la corrupción y el nepotismo). El precio de los servicios esenciales es el más elevado de Europa. Sólo la prima de riesgo se ha reducido (debido al disparatado compromiso del BCE de no dejar caer a ningún país, por muy despilfarrador y corrupto que sea). No significa mejora económica alguna; es, simple y llanamente, más droga para los drogadictosemania debería interesarse más por Europa y no solamente por cobrar sus facturas

En septiembre de 2012 Alemania tenía un serio problema de imagen en España. Muchos españoles sabían que Merkel estaba aprovechando indirectamente la situación. Surgía de repente un antigermanismo en algunas partes de la sociedad. Con mucha inteligencia Merkel ha revertido la situación en estos últimos dos años, dando constantemente señales positivas de Alemania, donde parece que hay un milagro económico, lo que está muy lejos de la realidad. También se han establecidos muchas alianzas en el mundo de la formación y el trabajo para dar salida a los muchos jóvenes españoles en paro.


Lo que la sociedad española ve es una Alemania con empleo récord y su propio país con un paro entre los jóvenes tan brutal y sin esperanza alguna de mejora que muchos españoles tienen que emigrar si no quieren vivir con sus padres. Y sobre todo viendo la corrupción personal e institucional, la mayor de nuestra historia, que en los últimos dos años no sólo no va a menos sino que aumenta, con una Administración y una enseñanza pública destruidas por los socialistas desde 1984 (Ley 30/84), Merkel para muchos parece una persona honrada y la sociedad alemana, mucho más civilizada que la propia.

Cada vez más desigualdad

Mientras los españoles ven que en su país cada vez hay más desigualdad y pobreza, miran hacia Alemania como un país rico y muy bien organizado. Muchos ya van fuera para estudiar, porque ni creen en las universidades españolas ni estas les ofrecen ya una formación y una salida dignas. Esto es la triste balanza de estos dos años desde que Merkel ha venido a España. Empresas como ACS, Santander, BBVA y Telefónica han ido creciendo mientras se hundía el país, lo que da una imagen falsa de una economía española que es moderna, que invierte y expande. Pero esto es el 5 por ciento del PIB español, que tiene a la oligarquía política y al Gobierno a sus órdenes, y el resto son pymes que sufren de falta de financiación, de liquidez, de pagos retrasados y de impuestos en alza. No hay un cambio de rumbo a la vista.
Las grandes empresas tienen los impuestos más bajos de Europa y actúan de forma monopólica sin control alguno. Un ejemplo entre mil. Entre Marbella y Madrid, yendo por la autopista de peaje, todas las estaciones de servicio durante 300 kilómetros son de Repsol, un escándalo inimaginable en otro país. No sólo se quedaron por cuatro euros con las gasolineras de los pequeños empresarios en los 90, ahora el Gobierno les adjudica todas las nuevas a ellos: es la mayor corrupción institucional del mundo desarrollado. Las leyes las redacta la oligarquía empresarial y financiera, y la oligarquía política está a sus órdenes. La electricidad y el gas han bajado en Europa estos dos años, mientras que en España han subido brutalmente. ¿Para qué sirven la Fiscalía Anticorrupción, el Servicio de Defensa de la Competencia o la Comisión Nacional de la Energía?

Merkel for President

Hay una creciente corriente de opinión entre algunos españoles, los cuales estarían encantados que el partido de Merkel (el CDU) o uno similar se presentara a las elecciones españolas como partido español con su ideario liberal-conservador, un segmento enorme del electorado español al que Rajoy ha traicionado, ha expoliado y le considera rehén de sus caprichos porque carece de alternativa de voto. Sería algo fantástico que el electorado español pudiera elegir a profesionales honestos y capaces que implantaran la separación de poderes, un modelo de Estado viable; acabaran con la corrupción y con el nepotismo. Por el momento quien pierde en este Camino de Santiago no son los alemanes, sino otra vez los españoles.

*Stefanie Claudia Müller es corresponsal de la revista alemana Wirtschaftswoche. Pinche aquí para ver el reportaje original en alemán sobre la visita de Merkel a España.



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Ladrones y trileros, fuera

Fernando Luengo
Miembro del Círculo 3E (Ecología, Economía, Energía) de Podemos y de la asociación econoNuestra.
Profesor de economía aplicada de la Universidad Complutense de Madrid

No es razonable, ni justo, ni decente realizar el balance de la economía española apelando al último dato publicado por el Instituto Nacional de Estadística, o al penúltimo, o a cualquier otro,con el único propósito de que avale la posición y respalde los intereses de quienes insisten, una y otra vez, que ya estamos saliendo de la crisis económica o que hemos superado la etapa más dura. Bueno, en realidad, como vemos continuamente, sí se puede hacer y se hace, en los últimos meses abundan los ejemplos, con el cinismo y la desvergüenza que caracteriza a este gobierno y a los responsables políticos del Partido Popular, jaleados, como siempre, por los medios de comunicación (intoxicación) que les son afines.

Me duele y me indigna el mensaje –propaganda preelectoral, con las elecciones municipales y generales a la vuelta de la esquina y con el tsumani provocado por la esperanzadora irrupción de Podemos en el mapa político- de que “nuestros esfuerzos han sido recompensados y estamos cosechando los frutos”. ¿Esfuerzos, frutos? Pienso cómo recibirán la buena nueva los que han perdido su empleo, las familias donde no entra ningún salario y los que trabajan más por menos, los que han visto sus viviendas confiscadas por los bancos, los que viven en situación de pobreza y tantos otros cuyas condiciones de vida han empeorado de manera sustancial en estos años, puede que de manera irreversible si seguimos por este camino. Invisibles para este gobierno –lo que no impedirá que, llegado el momento, se les pida el voto- e invisibles para el poder, escucharán, perplejos, frustrados y ojala que indignados, la monserga de la recuperación y el rosario de datos que, supuestamente, la confirman.

No entraré en este debate, aunque no ignoro que es necesario desmontar las falacias, verdades a medias y mentiras completas que, como la carcoma, lo impregnan todo. Me interesa, aquí y ahora, insistir en la necesidad de abordar la reflexión con cierta perspectiva -la perspectiva que no conviene a los partidos del régimen-, la que proporciona contemplar un periodo de tiempo más amplio que el exigido por la “camisa de fuerza” de la coyuntura. Necesitamos dar ese paso para no perder de vista lo mucho que nos estamos jugando y lo mucho que podemos perder, y que ya estamos perdiendo.

La derecha gobierna desde finales de 2011, no sólo los meses en los que la economía remonta ligeramente el vuelo y en los que el empleo, precario y estacional en su mayoría, mejora suavemente. Como si el hundimiento productivo de los últimos años y el desplome de las inversiones, la masiva destrucción de puestos de trabajo y el aumento del desempleo, el colapso del sistema financiero y los rescates bancarios con cargo al dinero público, el crecimiento de la desigualdad y la pobreza, el aumento de la carga fiscal sobre los trabajadores y las clases medias… como si todo este deterioro fuera cosa de otros, o, mejor todavía, formara parte de la herencia dejada por el gobierno de Zapatero, argumento estrella utilizado hasta la saciedad (reconozcamos, en todo caso, que la gestión realizada por el gobierno socialista, errónea, humillante y plegada a los poderosos, forma parte del problema; ¿nada que decir al respecto por los “renovadores” que han tomado el control del PSOE?).

Una estafa, otra más. La crisis es de altos vuelos y exige una reflexión de calado.

En este sentido, tienen razón los que criticaron las denominadas, con el eufemismo de costumbre, políticas de austeridad y devaluación interna porque sólo perseguían que los costes de la crisis financiera, enormes, los soportaran los trabajadores y la ciudadanía, como así ha sucedido. Es correcta la opinión de quienes, más allá del debate sobre la contingencia de las políticas económicas, comprendieron que las elites, aprovechando la histórica oportunidad que les brindaba una crisis de dimensiones colosales, el desconcierto y la indefensión en que sumió a la población, se han puesto manos a la obra para reestructurar el engranaje económico y las relaciones de poder, al servicio de los bancos, las grandes corporaciones, los principales acreedores y deudores y las economías con mayor potencial competitivo. Acertaron aquéllos que vieron, tras el empeño de reformar el entramado institucional de la Unión Económica y Monetaria con el objetivo de dotar de más gobernanza al euro, una verdadera refundación de Europa, crecientemente hegemonizada por Alemania y con un perfil profundamente oligárquico y antidemocrático. Ha sido atinado el análisis de quienes advirtieron que desaparecía de la agenda política, ya ocupaba un lugar muy periférico en las preocupaciones de los gobiernos precedentes, la utilización depredadora de recursos naturales y materias primas no renovables y la degradación de los ecosistemas, lo que nos acerca, o nos sitúa ya, en un horizonte de colapso civilizatorio. Y ha sido, por supuesto, un acierto la denuncia de quienes ponían el acento en el enorme retroceso que se está produciendo en la regulación y el ejercicio de los derechos civiles, privación que nos devuelve a los ciudadanos a la categoría de súbditos y a las mujeres al papel de cuidadoras.

La Gran Recesión está siendo el terreno propicio para impulsar la Gran Regresión, que avanza, hasta ahora, de manera imparable. Esta es la agenda del poder y de los poderosos. No nos perdamos en caminos secundarios; como decía antes, es mucho lo que está en juego.

Articulo de http://blogs.publico.es/econonuestra/2014/08/06/ladrones-y-trileros-fuera/

Murcia y la pandilla de (presuntos) delincuentes y sinvergüenzas

Articulo publicado en http://vegamediapress.es

Vaya PP murciano. Alcalde de Torre Pacheco inhabilitado 10 años. Alcaldesa de Pliego otros tantos. El Delegado del Gobierno imputado y tiene 51 cuentas bancarias. ¿Este señor es político o banquero? El ex delegado del Gobierno y consejero con Valcarcel, don Paco Marques, superimputado y con mas de 9 millones de euros a plazo fijo en la CAM. Los consejeros de Agricultura y Educación imputados. En su momento han sido detenidos, algunos encarcelados y todos siguen imputados alcaldes de Librilla, Aledo, Villanueva, Abanilla, dos alcaldes de Totana, etc. En el ojo de la Justicia localidades como Águilas, Ulea, Fortuna, Alcantarilla, Caravaca de la Cruz, Alguazas... El alcalde de Murcia imputado. Decenas de altos cargos, técnicos y empresarios detenidos e imputados de norte a sur en la Región. Más de cuarenta casos activos de corrupción en los juzgados. No contamos los que se han escapado porque han tenido la suerte de que ha prescrito. Las fuerzas de seguridad registrando ayuntamientos y empresas afines a los politiquillos, que quedan fotografiados esposados para mayor gloria de promoción de la Murcia Not Typical.

Imagen de Publico.es

 Otro camelo del ex consejero familia de Valcárcel que costó una millonada a los pobres ciudadanos. La Cam desvalijada. La alcaldesa de Cartagena va a ser imputada. Estafas, dinero en paraísos fiscales, viajes a gastos pagados por todo el mundo. Prevaricación, cohecho, malversación, tráfico de influencias, trato a favor, pertenencia a banda criminal organizada. Buen catálogo. Consejeros murcianos de compras en limusina en la gran manzana de Nueva York en viaje oficial. Traspasos de maletines en garajes públicos. Regalos de empresas a altos cargos: televisiones de última generación, abrigos de visón, motocicletas... En Vegamediapress venimos denunciando todas estas corruptelas desde hace 7 años y nos tacharon de locos y nos metieron 35 querellas. Así no recibimos ningún tipo de subvención mientras daban millones a los voceros del régimen, esos mismos que ahora hablan porque se les acabó la gasolina institucional. Nosotros salimos vivos y coleando. Mientras, la banca ha hecho ricos a los Polaris, otro invento ruinoso apoyado por el peperío, pero el jefe en Miami. Y sigue todo este montaje mafioso con un aeropuerto sin aviones y un parque Paramount sin atracciones. ¿Estamos locos o que? Voten, voten señoras y señores. Enfrente un PSRM entregado al sibarita y megalómano Gonzalez Tovar que hundirá al socialismo murciano en un pozo sin fondo. Y si no, al tiempo. Murcia, que corrupta eres. A qué espera la militancia murciana del PP para exigir dimisiones.

Otro articulo de interés sobre lo entresijos
De la "mafia panocha

Dubai, capital mundial del dinero negro y de Murcia mientras Marqués se prepara a "cantar la Traviata"

Mas sobre el tema, un artículo de Publico.es del 2008

Hacer ‘democracia’ decretazo a decretazo

Una norma teóricamente reservada para casos “de extraordinaria y urgente necesidad”.
Los distintos gobiernos desde la transición recurren de manera continuada al real decreto-ley para legislar saltándose el debate parlamentario y público


Gladys Martínez López
Diagonal


“Chapuza”, “burla”, “agresión a la democracia”, “engendro”, “abuso de derecho” o “cacicada”. Son algunos de los calificativos dedicados por diversos partidos de la oposición parlamentaria al real decreto-ley aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 4 de julio, un documento de 172 páginas que modifica de una tacada 26 leyes distintas y regula materias de toda índole. Su aprobación ha vuelto a sacar a la palestra el debate sobre el real decreto-ley, conocido popularmente como decretazo, una figura con rango de ley que, prevista en el artículo 86 de la Constitución, permite que el poder ejecutivo legisle directamente, sin pasar por las Cor­tes y sin debate parlamentario, sobre ciertas materias, aunque sólo “en caso de extraordinaria y urgente necesidad” y siempre que en el plazo de 30 días se ratifique la norma en el Parlamento.

En este último caso, a pesar de que se llama Real Decreto-Ley 8/2014 de Medidas Urgentes para el Creci­mien­to, la Competitividad y la Efi­ciencia Económica, la normativa incluye una macedonia de medidas que, denuncian oposición y juristas, no parecen revestir demasiada urgencia, como la regulación de los estrenos de películas en los cines municipales, la declaración como acontecimiento de excepcional interés de una exposición de Picasso, la contratación de 200 militares o la conversión de AENA en sociedad mercantil como paso previo a su privatización. “Que los ayuntamientos no puedan proyectar sin permiso estrenos que tengan menos de un año de antigüedad en espectáculos subvencionados o gratuitos no creo que sea una cuestión sobre la que pivote la economía nacional y el destino del mundo libre”, ironiza el politólogo Gonzalo Caro sobre una de las tantas medidas incluidas en el último real decreto-ley.
Legislar por decreto

“A nivel teórico, podríamos decir que legislar por vía de decreto-ley va en contra de lo que deberían ser la naturaleza de las leyes en el marco de un Estado liberal democrático”, explica el profesor de Derecho Consti­tu­cio­nal Albert Noguera. También Gonza­lo Caro considera que “no es normal para un sistema democrático ni sano para la separación de poderes”. Sin embargo, el decreto-ley es una figura de la que han hecho uso insistentemente los gobiernos de distinto signo político. Desde la transición –cuando “se hace una Constitu­ción y todo un armazón para tener gobiernos fuertes, y por eso la ley electoral fomenta el bipartidismo y hay una forma muy laxa de hacer reales decretos”, explica Caro–, se ha recurrido en 563 ocasiones a esta medida considerada como “excepcional” y desterrada o muy acotada en la mayoría de ordenamientos jurídicos europeos por su carácter de urgencia y poco democrático.

Según Noguera, los Gobiernos recurren a él porque “se ahorran todos los trámites de enmiendas y discusión con la oposición, así como el debate público que acompaña toda discusión y tramitación parlamentaria de una ley”. Caro también considera que el decretazo es un mecanismo del que abusan, en mayor medida los gobiernos con mayoría absoluta, “porque es cómodo y hay mucho menos debate. Con un proyecto de ley hay que informar, tiene un trámite parlamentario mucho más largo y con mayores posibilidades de que haya enmiendas y de que se produzca un debate en el Parlamento y en la sociedad”.
Uno de los mayores récords en este sentido lo detenta el Gobierno de Rajoy, que en los dos primeros años de legislatura aprobó 45 rea­les decretos-ley, es decir, un 73% de todas las leyes aprobadas se hacían por esta vía de excepcionalidad.Entre ellos se encuentra el Real Decreto-Ley 16/2012, por el que se excluyó a 900.000 personas no regularizadas del sistema sanitario público, acabando de golpe, por la vía de urgencia y por la puerta de atrás con la universalidad de la sanidad. A ello se suman otros nueve decretos-ley aprobados en lo que va de 2014.

Aznar, por su parte, recurrió a este mecanismo en 127 ocasiones a lo largo de dos legislaturas. Sin embargo, el PSOE no se queda a la zaga. Entre 2004 y 2011 los Go­bier­nos de José Luis Rodríguez Zapa­tero recurrieron hasta en 108 ocasiones a esta medida. Uno de los momentos más sonados fue el decretazo de mayo de 2010, refrendado posteriormente en el Congreso sólo por los diputados del PSOE, por el que se aprobaba una batería de recortes en el gasto público y social, como la congelación de las pensiones, que venía impuesta desde la Comisión Euro­pea. “Cuando la creación de una norma con rango de ley se salta el procedimiento parlamentario de discusión y negociación, y emana directamente del poder sin debate posible, la norma tiene un solo cordón umbilical, el que la une con el poder”, afirma Noguera.
Inconstitucionalidad

En lo que respecta al Real Decreto-Ley 8/2014, el PSOE ya ha anunciado que recurrirá la norma ante el Tribunal Constitucional, un recurso al que se unirán IU, UPyD y parte del grupo mixto. Según Caro, “hay una serie de medidas que claramente no son urgentes y podrían haberse legislado de otra manera y que el Constitu­cional podría echar atrás, por defecto de forma, si alguien lo recurre”. “El problema de estas cosas –continúa– es que alguien lo tiene que recurrir, y no puede hacerlo cualquier ciudadano. Tienes que tener 50 diputados o senadores para hacerlo”.

En los últimos años, el Tribunal Constitucional sólo ha establecido la inconstitucionalidad de dos reales decretos-ley, ambos aprobados durante las dos legislaturas de Aznar. Tanto la reforma laboral del año 2002 como la liberalización del sector inmobiliario y los transportes de 2000 fueron considerados inconstitucionales al no haber concurrido “una situación de extraordinaria y urgente necesidad”. Sin embargo, según Noguera, “la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre este aspecto es distinta y varía, básicamente, en función de la composición ideológica de los magistrados y su afinidad con el Gobierno”.

Las autonomías se lanzan con el decreto-ley

Aunque no estaban previstos en los Estatutos de Autonomía, con las diversas reformas estatutarias que se han producido entre 2006 y 2011, varias autonomías han incorporado el decreto-ley como figura. De hecho, en los dos primeros años del Gobierno de José Ramón Bauzá en Baleares se aprobaron 25 decretos-ley.
Gladys Martínez López
Diagonal


“Chapuza”, “burla”, “agresión a la democracia”, “engendro”, “abuso de derecho” o “cacicada”. Son algunos de los calificativos dedicados por diversos partidos de la oposición parlamentaria al real decreto-ley aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 4 de julio, un documento de 172 páginas que modifica de una tacada 26 leyes distintas y regula materias de toda índole. Su aprobación ha vuelto a sacar a la palestra el debate sobre el real decreto-ley, conocido popularmente como decretazo, una figura con rango de ley que, prevista en el artículo 86 de la Constitución, permite que el poder ejecutivo legisle directamente, sin pasar por las Cor­tes y sin debate parlamentario, sobre ciertas materias, aunque sólo “en caso de extraordinaria y urgente necesidad” y siempre que en el plazo de 30 días se ratifique la norma en el Parlamento.

En este último caso, a pesar de que se llama Real Decreto-Ley 8/2014 de Medidas Urgentes para el Creci­mien­to, la Competitividad y la Efi­ciencia Económica, la normativa incluye una macedonia de medidas que, denuncian oposición y juristas, no parecen revestir demasiada urgencia, como la regulación de los estrenos de películas en los cines municipales, la declaración como acontecimiento de excepcional interés de una exposición de Picasso, la contratación de 200 militares o la conversión de AENA en sociedad mercantil como paso previo a su privatización. “Que los ayuntamientos no puedan proyectar sin permiso estrenos que tengan menos de un año de antigüedad en espectáculos subvencionados o gratuitos no creo que sea una cuestión sobre la que pivote la economía nacional y el destino del mundo libre”, ironiza el politólogo Gonzalo Caro sobre una de las tantas medidas incluidas en el último real decreto-ley.
Legislar por decreto

“A nivel teórico, podríamos decir que legislar por vía de decreto-ley va en contra de lo que deberían ser la naturaleza de las leyes en el marco de un Estado liberal democrático”, explica el profesor de Derecho Consti­tu­cio­nal Albert Noguera. También Gonza­lo Caro considera que “no es normal para un sistema democrático ni sano para la separación de poderes”. Sin embargo, el decreto-ley es una figura de la que han hecho uso insistentemente los gobiernos de distinto signo político. Desde la transición –cuando “se hace una Constitu­ción y todo un armazón para tener gobiernos fuertes, y por eso la ley electoral fomenta el bipartidismo y hay una forma muy laxa de hacer reales decretos”, explica Caro–, se ha recurrido en 563 ocasiones a esta medida considerada como “excepcional” y desterrada o muy acotada en la mayoría de ordenamientos jurídicos europeos por su carácter de urgencia y poco democrático.

Según Noguera, los Gobiernos recurren a él porque “se ahorran todos los trámites de enmiendas y discusión con la oposición, así como el debate público que acompaña toda discusión y tramitación parlamentaria de una ley”. Caro también considera que el decretazo es un mecanismo del que abusan, en mayor medida los gobiernos con mayoría absoluta, “porque es cómodo y hay mucho menos debate. Con un proyecto de ley hay que informar, tiene un trámite parlamentario mucho más largo y con mayores posibilidades de que haya enmiendas y de que se produzca un debate en el Parlamento y en la sociedad”.
Uno de los mayores récords en este sentido lo detenta el Gobierno de Rajoy, que en los dos primeros años de legislatura aprobó 45 rea­les decretos-ley, es decir, un 73% de todas las leyes aprobadas se hacían por esta vía de excepcionalidad.Entre ellos se encuentra el Real Decreto-Ley 16/2012, por el que se excluyó a 900.000 personas no regularizadas del sistema sanitario público, acabando de golpe, por la vía de urgencia y por la puerta de atrás con la universalidad de la sanidad. A ello se suman otros nueve decretos-ley aprobados en lo que va de 2014.

Aznar, por su parte, recurrió a este mecanismo en 127 ocasiones a lo largo de dos legislaturas. Sin embargo, el PSOE no se queda a la zaga. Entre 2004 y 2011 los Go­bier­nos de José Luis Rodríguez Zapa­tero recurrieron hasta en 108 ocasiones a esta medida. Uno de los momentos más sonados fue el decretazo de mayo de 2010, refrendado posteriormente en el Congreso sólo por los diputados del PSOE, por el que se aprobaba una batería de recortes en el gasto público y social, como la congelación de las pensiones, que venía impuesta desde la Comisión Euro­pea. “Cuando la creación de una norma con rango de ley se salta el procedimiento parlamentario de discusión y negociación, y emana directamente del poder sin debate posible, la norma tiene un solo cordón umbilical, el que la une con el poder”, afirma Noguera.
Inconstitucionalidad

En lo que respecta al Real Decreto-Ley 8/2014, el PSOE ya ha anunciado que recurrirá la norma ante el Tribunal Constitucional, un recurso al que se unirán IU, UPyD y parte del grupo mixto. Según Caro, “hay una serie de medidas que claramente no son urgentes y podrían haberse legislado de otra manera y que el Constitu­cional podría echar atrás, por defecto de forma, si alguien lo recurre”. “El problema de estas cosas –continúa– es que alguien lo tiene que recurrir, y no puede hacerlo cualquier ciudadano. Tienes que tener 50 diputados o senadores para hacerlo”.

En los últimos años, el Tribunal Constitucional sólo ha establecido la inconstitucionalidad de dos reales decretos-ley, ambos aprobados durante las dos legislaturas de Aznar. Tanto la reforma laboral del año 2002 como la liberalización del sector inmobiliario y los transportes de 2000 fueron considerados inconstitucionales al no haber concurrido “una situación de extraordinaria y urgente necesidad”. Sin embargo, según Noguera, “la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre este aspecto es distinta y varía, básicamente, en función de la composición ideológica de los magistrados y su afinidad con el Gobierno”.

Las autonomías se lanzan con el decreto-ley

Aunque no estaban previstos en los Estatutos de Autonomía, con las diversas reformas estatutarias que se han producido entre 2006 y 2011, varias autonomías han incorporado el decreto-ley como figura. De hecho, en los dos primeros años del Gobierno de José Ramón Bauzá en Baleares se aprobaron 25 decretos-ley.

La austeridad fiscal y salarial ha retrasado la recuperación y destruido millones de empleos

El último informe de Coyuntura Económica elaborado por la Fundación 1º de Mayo expone los desastres a que están conduciendo las políticas de drástica reducción del gasto en todos los países europeos y muestra cómo fomentan una precarización laboral que en España ha provocado además la pérdida de un millón y medio de empleos


Por: C.E.B.

19/07/2014 17:07:00

La demostración del fracaso de la política de austeridad impuesta a los países de la Eurozona y aplicada a rajatabla por el Gobierno de Mariano Rajoy queda patente en las diferencias en cuanto a crecimiento y desempleo entre EEUU y la Unión Europea. Mientras Washington estimulaba su economía con políticas fiscales y monetarias expansivas, Bruselas imponía una paralizante reducción del gasto público y de los salarios que ha provocado una fuerte erosión del crecimiento y destruido millones de empleos.

Ésta es la principal conclusión del último informe de Coyuntura Económica (2/2014) elaborado por Enrique Negueruela y Alejandro Inurrieta de la Fundación 1º de Mayo, y coordinado por el director de estudios de la fundación, Bruno Estrada.

Además, los economistas subrayan que "las economías más vulnerables, esto es, las más endeudadas, entre ellas la española, serán las que tengan más dificultades para relanzar su demanda interna".



El débil pulso de la economía española no es capaz de generar empleo remunerado

"Tal como anunciábamos en el Informe de Coyuntura 1/2013 --explica el informe--, durante los primeros meses de 2014 el crecimiento del PIB ha venido impulsado por la demanda nacional, que ha crecido un 1,2%, mientras que el sector exterior no ha jugado ningún papel en la recuperación: por primera vez en varios trimestres ha tenido una aportación negativa al crecimiento del PIB, en -0,4 puntos. El que las importaciones hayan crecido más, un 9%, que las exportaciones, un 7,6%, pone de manifiesto las insuficiencias de nuestro sistema productivo, ya que una tímida recuperación del consumo y de la inversión genera un fuerte incremento de las importaciones, particularmente de las energéticas que desde 2011 han representado, como media, un 22% del total de importaciones".

"La austeridad fiscal y salarial impuesta por el Gobierno, y una ortodoxa política monetaria muy poco expansiva por parte del Banco Central Europeo", continúa el estudio, "han retrasado la recuperación económica y han destruido millones de puestos de trabajo. La rebaja, que no reforma, fiscal, estimada por el Gobierno en unos 9.000 millones de euros en el periodo 2015-2017, no va en el buen camino, ya que, no sólo es doblemente regresiva (la rebaja fiscal es mayor para los más ricos, mientras que los recortes de gasto público a los que obligará esta reducción de ingresos fiscales, debido a los compromisos adquiridos de reducción del déficit público, afectarán más a los más pobres), si no que también en términos macroeconómicos no ayudará al crecimiento, y no incentivará la demanda agregada, al beneficiar más fiscalmente a las personas que tienen mayores ingresos del trabajo y perjudicar a los que cobran ayudas sociales, ya que la propensión al consumo de las personas con menos renta es mayor".
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Comisión Electoral: Retraso en el escrutinio de la elecciones a la Mesa Estatal

publicado por Admin3 julio 13, 2014 en Blog y Documentos y Elecciones a la Mesa Estatal

El pasado jueves, 10 de julio de 2014, en el acto de Escrutinio del voto por Correo, On-line y computo de Resultados del voto Presencial, la Comisión Electoral comprobó que los sobres con la Documentación Electoral de las Mesas: 01 -Almería-, 02 y 04 -Córdoba-, 06 -Granada-, 12 -Zaragoza-, 22 y 23 -Madrid- y 26 -Alacant-, no habían llegado a la Dirección Postal de la Comisión Electoral del FCSM.

Esta incidencia, originará un retraso en la realización del cómputo total de resultados de las Elecciones-2014 y, consecuentemente, un retraso en la proclamación de los Miembros de las nueva Mesa Estatal del FCSM.

Posiblemente, la causa sea -en algunos casos- imputable a la gestión del Servicio de Correos. No obstante, la Mesa Electoral para el cómputo de votos y la Comisión Electoral, adoptaron por unanimidad la siguiente resolución: dar de plazo a las Mesas citadas hasta el 17 de Juilo a las 24:00h. para la recepción de los sobres pendientes.

Comisión Electoral.
Frente Cívico “Somos Mayoría”.

La elección de alcalde al candidato de la lista más votada, o cómo parar el efecto Podemos

Artículo del Plural.com

El antidemocrático sistema que pretende imponer Rajoy es cualquier cosa menos regeneración democrática
12/07/2014


El 15M planteó en su momento la necesidad de que era preciso cambiar el sistema electoral, porque al no ser proporcional no era justo, y siempre favorecía a los partidos mayoritarios. Por entonces Pablo Iglesias sostuvo que el sistema electoral español no se diseñó en la negociación de la Constitución, sino que procede de un gobierno, por entonces aún franquista, que pretendía evitar que se repitiese el sistema de grandes coaliciones que había dado la victoria al Frente Popular en febrero de 1936; y con ello frenar el peso de la izquierda, en especial en las grandes ciudades.

Nadie puede cuestionar que el Sistema D´Hont es radicalmente injusto, al favorecer a las grandes fuerzas políticas en perjuicio de las minoritarias, si bien sus efectos perversos se hacen notar más en las elecciones generales, dado el escaso número de escaños en cada circunscripción; y se agudizan cuando se impone un porcentaje de exclusión o se establece una sobrerepresentación en unas circunscripciones sobre otras (a modo de ejemplo, con apenas 30.000 votos puede obtenerse en Soria un escaño para el Congreso, y en Madrid precisaría más de 140.000 votos).

Todas estas anomalías han sido reiteradamente denunciadas por las fuerzas minoritarias, y en especial por IU, la gran perjudicada del sistema, pero les han venido muy bien a las dos grandes fuerzas políticas, al haberse consolidado el bipartidismo, y su alternancia, y se ha rehuido cualquier debate serio para cambiar de verdad y en profundidad nuestro sistema electoral, para que cada voto tenga el mismo valor, pues solo así se consigue una democracia real. Es más al PP, que aglutina en su seno a un abanico electoral que va desde la ultraderecha al centroderecha, le ha ido aún mejor esta fórmula, que ha perjudicado tradicionalmente a una izquierda fragmentada; no hay duda de que es más fácil poner de acuerdo a los intereses económicos que a las ideas.

En relación a las elecciones municipales, en las que apenas se hacen notar los efectos perversos del sistema D´Hont, y en referencia a la elección de Alcalde, llevamos más de treinta años escuchando de todos los partidos una cosa y la contraria, dependiendo del resultado electoral en cada municipio. Si les favorece que sea Alcalde el candidato de la lista más votada apoyan esa fórmula, pero si precisan un pacto electoral para conseguirlo, la descartan, como si fuese normal cambiar de criterio en razón a lo más conveniente para cada formación política en cada momento y en cada lugar.

Pero cuando el bipartidismo está tocado de muerte, lo que ya se ha percibido en las últimas elecciones europeas, y los resultados electorales pueden tener una lectura muy distinta, el sistema electoral actual se ha convertido en un peligro para las dos grandes fuerzas, y en especial para la elección de alcaldes. De ahí que Don Mariano haya tenido la ocurrencia de modificar la Ley Electoral, pero no en su conjunto, sino limitándola a lo que pueda perjudicar a su partido en las próximas eleccciones municipales, que puede traducirse en la pérdida de alcaldías en decenas de grandes ciudades españolas, en especial en Madrid y Valencia. En consecuencia propone modificar el sistema “a su imagen y semejanza”, para favorecer exclusivamente los intereses del PP, pretendiendo imponer que sea alcalde el candidato de la fuerza más votada; e incluye la medida en su peculiar paquete que ha dado en llamar “regeneración democrática”, cuando sus efectos pueden resultar radicalmente antidemocráticos.

Los socialistas, como ya nos tienen acostumbrados, no se pronuncian y guardan silencio. Pero las fuerzas minoritarias, las más afectadas por tal reforma, han puesto el grito en el cielo. Debemos de ser muy conscientes de que es una fórmula pensada exclusivamente para frenar el imparable efecto Podemos, que puede desencadenar la regeneración de la izquierda y hacer posibles alianzas de las diversas fuerzas políticas que la componen, con unos efectos demoledores para el Partido Popular.

Pero Rajoy en las últimas horas ya se ha dado cuenta de que poner en práctica su ocurrencia beneficiaría de rebote a Bildu y a ERC, al conseguir muchos ayuntamientos, ahora presididos por otras fuerzas políticas mediante las oportunadas alianzas. Y consciente de que le pueden llamar proetarra, o independentista, u otras cosas peores, busca otras fórmulas, que no harán más que complicar una reforma muy inoportuna a diez meses de las elecciones locales. Entre ellas está la de exigir un mínimo de un 40% para que sea alcalde el candidato de la lista más votada, sin descartar una segunda vuelta en algunos casos; todo un galimatías que puede quedar en nada, porque no le salen los números, y así no irá a ninguna parte.

Por cierto, al margen de lo antidemocrático del sistema que pretende imponer Rajoy, se produciría otro efecto perverso, como es el de la imposibilidad de que pueda presentarse una moción de censura dentro de los cuatro años que dura el mandado del alcalde de turno, aunque se plantee por una mayoria cualificada. ¿Y esto es regeneración democrática?. Más bien todo lo contrario; un fraude electoral, que diría más de uno.


http://www.elplural.com/opinion/la-eleccion-de-alcalde-al-mas-votado-o-como-parar-el-efecto-podemos/

Fernando de Silva es abogado y autor. http://www.sinlavenia.com/

Cinco claves sobre el Decreto Ley que el Gobierno impone con ‘estivalidad’ y alevosía

Rajoy, con mayoría absoluta, es el presidente que más ha abusado de esta fórmula que sólo debe usarse “en caso de extraordinaria y urgente necesidad”


Mientras la mitad de los españoles está ya de vacaciones, o pensando en ellas,
quizás sorprenda a más de uno la actividad parlamentaria que tuvo lugar el jueces en el Congreso de los Diputados. Con estivalidad y alevosía se llevó a cabo, una vez más, uno de los episodios más caciquiles de lo que llevamos de legislatura. El Congreso debatió y aprobó el Decreto Ley del Gobierno que modifica 26 leyes y 47 normas de una tacada, mientras la oposición tuvo que conformarse con ejercer de convidado de piedra.

1. ¿Qué es un decreto ley?
Pese a la imagen contraria que existe en España, en una democracia parlamentaria como la nuestra es el Congreso el que hace las leyes, de ahí que se llame Poder Legislativo. Sin embargo, un decreto ley es una norma que dicta el Gobierno, es decir el Poder Ejecutivo, saltando por encima del Parlamento. Además, entra en vigor en el acto y en un máximo de 30 días deberá ser validado por el Congreso.

Semejante prerrogativa hace que un decreto ley deba ser aprobado “en caso de extraordinaria y urgente necesidad”, según el artículo 86 de la Constitución. Y no puede afectar a las instituciones del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos, ni a la autonomía de las Comunidades ni a los derechos electorales.

2. ¿Qué uso hace el Gobierno de Rajoy de ellos?
En teoría, con una mayoría absoluta aplastante como la que tiene el PP, no debería necesitar de los decretos leyes, a no ser que surgiese una situación “extraordinaria”. En la práctica, es el Gobierno que más ha abusado de ellos en los últimos tiempos. De hecho, ha aprobado más decretos leyes que leyes ordinarias (54 frente a 53). Y sólo en 2012, su primer año de legislatura, acudió a esta fórmula en 30 ocasiones. En total, teniendo en cuenta las leyes orgánicas, el 43% de las leyes de esta legislatura son decretos leyes. En la última etapa de José Luis Rodríguez Zapatero, al que se le acusó también de abusar de esta medida para salvar que no tenía mayoría absoluta, el 29% eran decretos leyes.

3. ¿Qué consigue el decreto ley?
Hay tantos casos como colores. Cuando Rajoy criticó más fieramente los decretos leyes de Zapatero fue cuando usó dos para encauzar en el puente de diciembre de 2010 la crisis de los controladores aéreos, cuando se militarizó el espacio aéreo. Fuese de quien fuera la culpa, lo cierto es que se dio un caso de “urgente necesidad”.

Sin embargo, de esta manera se hurta el debate ciudadano por aprobarse sin motivo aparente en mitad del verano. Pero, sobre todo, se esquiva el debate parlamentario, ya que el PP podría aprobar igualmente en el Congreso todas las leyes que incluye el decreto ley aprobado este jueves. En ese caso, al menos, los diputados podrían presentar enmiendas y defenderlas durante más tiempo que los quince minutos que se dieron ayer por grupo. Y se podría llegar a negociaciones, ese elemento fundamental de la democracia que quieren hacer desaparecer con la “regeneración democrática” del pucherazo municipal.

4. ¿A qué afecta este decreto?
En total, y con 178 páginas, se cambian 26 leyes y se introducen 47 medidas que afectan a ocho ministerios distintos. Es lo que se conoce como ley escoba, una norma que modifica de una tacada varias a la vez para que el Gobierno pueda cambiar todo aquello que ya tenía planeado y que podría resultar molesto. Y, para colmo, por decreto ley.

Este decreto ley genera marcos para poder cerrar y privatizar aeropuertos, regula sectores como el cine, las empresas de trabajo temporal, crea un impuesto para los depósitos bancarios, da libertad de horarios comerciales a una decena de ciudades. ¡Hasta regula el uso de los famosos drones!

Sin embargo, la medida que más ha escandalizado es la de la privatización del Registro Civil, que ahora pasará a estar gestionado por los registradores mercantiles. Además del temor a que los datos personales pasen a estar en manos de quien pueda sacarles beneficio, destaca el hecho de que se apruebe por decreto ley una modificación que no entrará en vigor hasta julio de 2015. A no ser que la razón esté en que este mes entraba en vigor la ley sobre el Registro Civil que creó Zapatero hace tres años.

5. ¿Puede echarse atrás?
La portavoz parlamentaria del PSOE, Soraya Rodríguez, utilizó su limitada intervención para anunciar que llevarán este decreto ley al Tribunal Constitucional, y que lo hará “toda la oposición”. Sería bastante simbólico que lo único que consiguiese conciliar el Gobierno es el unánime rechazo del resto de grupos políticos, pero inútil.

Los tiempos del Tribunal Constitucional son de sobra conocidos, así como su ineficacia contra los decretos leyes. Para cuando los jueces hubieran dictado sentencia, el decreto ley ya llevaría mucho tiempo afectando a la vida de los ciudadanos. Y además, con su mayoría absoluta, y ya con más calma, el Partido Popular podría tramitar el decreto ley, ya aprobado, como un proyecto de ley normal.

Eso sí, existe una última posibilidad, que es la de votar a un Gobierno distinto dentro de un año y medio para que deshaga el camino. Es la máxima ventaja que tiene esto de la democracia… de momento.

Marcos Paradinas es redactor jefe de ELPLURAL.COM

Blog El Día de la Marmota

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Un ataque al Estado de Derecho: la privatización del Registro Civil

Imagen vía Hispanidad.com

Francisco Delgado

Con tantos problemas sociales existentes, con la enorme pérdida de Derechos que estamos sufriendo, con el ruido ensordecedor que la política produce… está pasando casi desapercibido para la ciudadanía un hecho de vital importancia para nuestra seguridad y para la protección pública de nuestra filiación e identidad, enmarcándose (política y mediáticamente) con cierta simpleza, en el terreno de las competencias corporativas, en la cuestión laboral e, incluso, en lo mercantil y en sus posibles costos para la ciudadanía.
Los Registro Civiles modernos tiene su germen en la Revolución francesa (1793), aunque sus orígenes son muy anteriores y aparecen en culturas orientales, en la civilización del imperio romano y, claro, en la Edad media “controlados”, básicamente, por la iglesia católica a través del bautismo y del resto de ritos de paso.
Con el inicio de la secularización de la sociedad y de la libertad de culto, sobre todo a raíz de la época de la Ilustración, los registros Civiles pasan a ser controlados y organizados por el Estado, dentro de la red pública, bien por entidades locales, comunales o estatales, y casi siempre en el ámbito de la organización de justicia. A lo largo del s.XIX los Registros Civiles dependientes de los Estados modernos, se extienden por el resto del mundo. Así la iglesia deja de “ejercer un poder “que tenía, casi en exclusiva, hasta entonces: Los datos de la ciudadanía a través de los ritos de paso sacramentales.El Registro Civil en España comenzó en enero de 1871, a raíz de la entrada en vigor de leyes estatales que lo instauraban, exigiendo a los municipios la creación de un Registro Civil en el que se debían inscribir los datos referentes al estado civil de todos los españoles y españolas (nacimientos, matrimonios, defunciones, etc.), al margen de sus creencias.
Muy recientemente (en 2011) el gobierno del PSOE trató de “modernizar” y de “desregular” la dependencia del Registro Civil del ámbito de los jueces. Y ahí esté el inicio del “problema”, pues ahora el Partido Popular “remata la faena”, como en tantas otras cosas, esencialmente en el ámbito de la Enseñanza, de la Sanidad y de las Pensiones: El PSOE, abre puertas (con mejor o peor intención) y el PP “entra a saco”. Este es uno de ellos el de los registros civiles, que el PP (ahora) pone en manos de la iniciativa privada, sin que desde la oposición, casi se pongan objeciones.
La Ley de 2011 abandona la preocupación por la constatación territorial de los hechos concernientes a las personas, sustituyéndola por un modelo radicalmente distinto que prioriza el historial de cada individuo. Así, la Ley suprime el tradicional sistema de división del Registro Civil en Secciones -nacimientos, matrimonios, defunciones, tutelas y representaciones legales- y crea un registro individual para cada persona a la que desde la primera inscripción que se practique se le asigna un código personal. Hasta ahí: Perfecto.
Ante este hecho que genera la nueva Ley, no desarrollada del PSOE, el PP se pone “manos a la obra”, primero encarga un inventario general (nada más y nada menos) que al Corte Inglés, que se aprovecha de la red electrónica (INFOREG) de los registros y de los propios funcionarios del Justicia. Es decir: pone en manos de una empresa privada comercial datos sensibles de la ciudadanía, obviando los más elementales principios de la Protección de Datos. Y ahora pone los registros civiles en manos de los registradores mercantiles (y de la propiedad). ¡Lamentable!
Que había que modernizar el Registro Civil en España, dar una nueva funcionalidad en base a los principios de igualdad, era evidente. Pero nunca sacar del control público los datos sensibles de la ciudadanía, de una en una. Por seguridad e igualdad de todos ante la Ley.
Hay que tener en cuenta los enormes riesgos que se corren cuando los los datos personales más relevantes de la ciudadanía, desde las inscripciones de nacimiento a las de defunción, pasando por toda una serie de actos fundamentales, dejen de estar bajo el control de la administración pública. Ya sea central, territorial o local. Con esta reforma pasarán a la gestión de intereses privados, con todos los peligros en la seguridad y privacidad de las personas que ello puede conllevar.
Aunque NO se le esté otorgando la importancia mediática, social y política que correspondería: Otorgar a la iniciativa privada, los registros civiles (aunque los registradores conformen una denominada “corporación de derecho público”, tipo colegios profesionales) me parece un ataque más y grave al Estado de Derecho o lo que es lo mismo: A la laicidad institucional.


http://www.lamarea.com/2014/07/10/un-ataque-al-estado-de-derecho-la-privatizacion-del-registro-civil/

Comisión electoral: Acto escrutinio final – 10 de Julio

Realización y Presentación Pública del escrutinio final y proclamación de resultados del Proceso Electoral para la renovación de los miembros de la Mesa Estatal del Frente Cívico “Somos Mayoría” (FCSM), celebrado durante los días: 4, 5 y 6 de Julio de 2014

Toda la información detallada aquí.


Material gráfico y emisión realizados por la Comisión Electoral.

Sentimos comunicar que, a nuestro pesar, no se pudo  emitir el streaming del acto debido a problemas técnicos. Sin embargo, el acto fue grabado por l@s compañer@s de Comunicación del Front Civic y esperamos subirlo a Youtube y a la web, en cuanto sea posible.

Mesas electorales para la elección de los Miembros de la Mesa Estatal de FCRM

Frente Cívico elige a sus miembros en la Mesa Nacional

Estas son imágenes de las mesas montadas en Cartagena y Murcia día 4 y 6 respectivamente

Compañeros de ambas ciudades sacrificaron  su tiempo libre para hacer posible  qué los adscritos y activistas del FCSM pudiesen votaran presencialmente  a los miembros de la Mesa Nacional.

Que coincidiesen con  fin de semana y época de verano no fueron impedimento para que algunos compañeros se acercaran  a las mesas para depositar su voto.

Nuestro mas sincero  agradecimiento aquellos que hicieron posible la celebración de los comicios.

Jose.M.Echevarria 

Comunicación FCCT 

Cartagena el pasado 4 de Julio

Y Hoy en Murcia

Mañana ultima oportunidad para los adscritos para votar fisicamente

Ultima oportunidad de votar en la Mes Electoral en Murcia

Candidaturas a la Mesa Estatal del FCSM

Link a la pagina del Blog Nacional

http://www.frentecivicosomosmayoria.es/candidaturas-a-la-mesa-estatal-del-fcsm/

Comunicado: Los cambios fiscales son una grave irresponsabilidad del PP

Los cambios fiscales anunciados por el gobierno, con impacto a lo largo de 2015 y 2016, deben examinarse desde tres puntos de vista. El primero, la redistribución de la carga fiscal que representan. El segundo, la incidencia que tendrán en la incierta evolución económica. El tercero, si son positivos o correctos en el contexto actual de crisis económica.

Dichos cambios afectan en lo esencial al IRPF y al impuesto de sociedades, pero encierran mucha letra pequeña cargada del carácter reaccionario de toda la política del PP, como la nueva tributación de las indemnizaciones por despido cuando superen los 2.000 € por año. Valorar cómo repercutirán en el IRPF, con nuevos tramos y nuevos tipos, y en el impuesto de sociedades, con la reducción del gravamen y algunas modificaciones en las deducciones, exige una base informativa compleja para calcular el impacto en cada grupo de impositores, según nivel de renta y las fuentes de ésta.

Por ello, en lugar de hacer pronósticos aventureros hay que referirse al comentario elaborado por el Sindicato de Técnicos de Hacienda, GESTHA, cuyas conclusiones resaltamos sin más comentarios:
La reforma fiscal aprobada por el Gobierno es “regresiva” y serán las clases medias las que “amortigüen” la rebaja a las grandes fortunas.
La progresividad es la “gran perjudicada” de esta reforma al simplificar de siete a cinco los tramos actuales del IRPF.
Los que ingresan más de 150.000 euros anuales, unos 73,000 españoles -en torno al 0,3% del total de declarantes-, son los más beneficiados.
Los 11,5 millones de trabajadores y pensionistas que ganan menos de 11.200 euros anuales no se verán afectados por la rebaja fiscal propuesta, ya que actualmente no tributan.
Al no bajarse otros tributos, como el IVA o los impuestos especiales, no se puede afirmar con la rotundidad que se baje la presión fiscal para todos.
La rebaja del primer tramo del IRPF afecta a muy pocos trabajadores mientras que el aumento de las cuantías de los mínimos personales y familiares afecta a todos los contribuyentes por igual.
Los 8,8 millones de ciudadanos que cobran entre 12.450 y 33.000 euros amortiguarán el impacto de la rebaja fiscal de las grandes fortunas, puesto que sus tipos aumentan entre 0,25 y 1 punto sobre la tarifa vigente.
La rebaja progresiva del Impuesto de Sociedades “solo beneficiará a las grandes empresas, que a día de hoy ya no tributan ni de lejos por esa cuantía”.

Sobre el segundo enfoque, cabe resaltar que, empeñado el gobierno en que la recuperación económica es un hecho indiscutible, ha sentido sin embargo la necesidad de tratar de impulsar la demanda por medio de reducir los impuestos directos. Se habla de una reducción de los ingresos públicos, que alimentaría la capacidad de gasto de los contribuyentes, de unos 9.000 millones de euros a lo largo de 2015 y 2016, una cifra, que de ser cierta, tendría una influencia mínima en la evolución de la economía, pues apenas representa un 1% del PIB en dos años. La reforma pasará sin pena ni gloria sobre la evolución de la economía teniendo en cuenta el mínimo volumen que representa esta cifra y que los mayores beneficiarios de los cambios son las rentas altas, cuya propensión al consumo es menor que la de las capas sociales medias y bajas. La debilidad de la recuperación, las dudas que suscita, el mal de fondo en que está instalada la economía española no se modificará significativamente, por lo que los cambios como instrumento de política fiscal expansiva no cambiarán el clima de depresión existente.

El tercer aspecto de los retoques fiscales es el más esencial. Esos retoques responden a intereses políticos del PP, dispuesto ahora a convencernos de que ha llegado el momento de poder reducir los impuestos y a mostrarnos que cumple con sus compromisos electorales a estas alturas de la legislatura. Con ademán impasible, Rajoy justifica los cambios pasando por alto y relegando la gravedad que reviste la situación financiera del sector público. Bruselas ha llamado la atención sobre el tema. El gobierno comete una ignominiosa irresponsabilidad política introduciendo cambios que aumentarán el déficit fiscal cuando el montante de la deuda pública alcanza ya unas dimensiones explosivas. Con un déficit bastante incorregible, el billón de euros de la deuda pública española, el 100 % PIB, es una bomba de relojería que estallará tarde o temprano y conmoverá los cimientos del sistema económico. Cabe afirmar que el volumen de la deuda pública y la dificultad de corrección del déficit público representan los problemas más urgentes que tiene en estos momentos la economía. En su loca carrera propagandística, el gobierno del PP no ha dudado en proporcionarse unos días de satisfacción demagógica a costa de aproximarnos unos pasos más al precipicio.

En definitiva, los cambios fiscales modifican regresivamente el muy injusto sistema fiscal, mantienen intactos las deficiencias del sistema, con el fraude y los paraísos fiscales como pesadas rémoras, y agravan el problema amenazante de la crisis financiera del Estado. Muy pronto, en el mejor de los casos, si no ocurre un gran desastre antes, los recortes y los ajustes, con sus siniestros efectos sociales, aparecerán de nuevo en clave de urgencia.

La lucha contra este gobierno, con su política desastrosa y su desprecio por el porvenir de nuestra sociedad, debe proseguir y cobrar intensidad si queremos evitar una gran catástrofe.



Madrid, 26 de junio de 2014
Mesa Estatal del FCSM

Carta de Julio Anguita al FCSM: Una autoevaluación colectiva

En cualquier actividad humana y especialmente en aquellas que implican relaciones sociales en la búsqueda de acuerdos y consensos para crear mayoría, se hace necesario cada determinado tiempo hacer un alto para evaluar, reflexionar y analizar la situación de los objetivos perseguidos, los métodos, la fuerza social y, sobre todo la capacidad para pasar a otras fases o estadios de la consolidación del proyecto. En nuestro caso, el de desarrollar un contrapoder cívico capaz de cambiar las cosas en el horizonte de la consecución de los DDHH.

Es el proceso de acción- reflexión- acción, etc. tan explicado y defendido por los clásicos. Una hiperactividad de movilizaciones, actos, luchas, y demás manifestaciones del clima de crispación social que no vaya acompañada de los tiempos dedicados a pensar sobre el objeto de la movilización conduce a la inacción, la falta de apoyos ciudadanos y, lo que es peor, a la agitación rutinaria. Y de la misma manera, todo proyecto con la voluntad suficiente de atraer apoyo cívico para su avance, crecimiento y complejidad que se desligue de la acción por mor de una permanente discusión académica en el encerado sobre las ideas puras, conduce irreversiblemente a la muerte a causa del alejamiento de la realidad.

En este mes de Junio hace dos años que lancé el llamamiento para la constitución del Frente Cívico-Somos Mayoría. En este mismo mes del 2014 se va a producir, por mandato de la Asamblea Constituyente, un cambio de personas en la Mesa Estatal. Creo que es éste precisamente el momento indicado para tomar decisiones a la luz de la reflexión sosegada, reposada y sobre todo colectivamente efectuada. Creo que la confluencia de ambos acontecimientos es una ocasión inmejorable para que hagamos una autoevaluación colectiva sobre el momento del Frente Cívico y especialmente sobre su futuro. Mis opiniones, comentarios y sugerencias son fruto de la observación permanente del Frente Cívico y sus avatares. Escribo estas líneas sin otra intención que la de aportar al debate colectivo. Para una mayor claridad -y brevedad- en la exposición, la hago a través de puntos.

1. Para el movimiento social y político ciudadano en todas sus manifestaciones, organizaciones y luchas hay un antes y un después del 22 de Marzo de 2014. Mis valoraciones y propuestas sobre aquella jornada ya las expuse en el artículo titulado ¿Y ahora qué? el 24 de Marzo. Lo que quiero resaltar ahora es que no hay posibilidad de afrontar el futuro de nuestra lucha sin tener en cuenta las enseñanzas de aquella acción.

2. Nuestra corta historia hasta esa fecha ha sido la de una serie de fases en las que la concepción y desarrollo del Frente Cívico-Somos Mayoría tuvo que sobreponerse a una serie de dificultades dimanadas de las inercias con las que se juzgaba y aquilataba la nueva organización. Creo que ese debate ya fue superado y ahora resta situarnos en el contexto de después del 22-M.

3. Con apenas organización, medios, infraestructuras y ecos en los medios de comunicación hemos sido capaces de estar con acierto en el lugar preciso y con las iniciativas concordes con el momento. Y lo hemos hecho realizando un papel poco usual pero que en nosotros constituye una característica esencial: la renuncia al protagonismo facilón, mediático y flor de un día. Nuestro trabajo se supedita totalmente y siempre, a conseguir los objetivos parciales y estratégicos que compartimos con la mayoría. Esa es precisamente nuestra especificidad. Trabajamos permanentemente para la unidad en la lucha y en la construcción del contrapoder ciudadano.

4. Pero ahora estamos ante una nueva fase, ante una nueva etapa. El poder económico social e ideológico que hegemoniza a la inmensa mayoría de las fuerzas políticas se apresta a dar una vuelta de tornillo más a su dominación. La troika ya ha dado las instrucciones de más recortes para después de las elecciones europeas. El llamado proyecto europeo es una falacia en la que las oscuras y opacas negociaciones entre la UE y USA sobre el Tratado de Libre Comercio desembocarán – a no impedirlo- en empeoramiento de la economía y las condiciones de vida de las poblaciones trabajadoras. El anuncio de una coalición del bipartito como en Alemania, no es un desliz de González sino la necesidad que ese poder tiene de resolver una grave “cuestión de Estado”. GÜRTEL, ERES y el caso NOOS contienen la suficiente cantidad de corrupción endémica e institucionalizada como para llevarse por delante al régimen de la Transición. En consecuencia, estemos preparados para asistir a una operación de Ley de Punto Final que haga borrón y cuenta nueva. Así son la mayoría de las llamadas cuestiones de Estado.

5. Este es el panorama que se abre ante nosotros y ante los demás movimientos y colectivos que compartimos la misma lucha y el mismo proyecto de construir el contrapoder ciudadano. Y exactamente ahí, en esa coyuntura, es donde debemos insertar nuestra capacidad de análisis, lucha, pedagogía, planteamientos programáticos y alianzas. En torno a esa tarea me atrevo a dar opiniones y propuestas. Tomadlas como aportaciones y reflexiones, cara al debate que sin duda plantearéis.

Reflexiones y apuntes

1. Para la nueva fase que inaugura el 22 M ,el Frente Cívico necesita de una Mesa Estatal y de otros órganos de coordinación acorde con la situación. Pero la renovación necesaria debe contemplar la necesidad de que siempre y en cada cambio de personas quede un grupo de compañer@s de la Mesa anterior para que haya una garantía de continuidad en el trabajo colectivo. Y eso no es una cuestión de porcentajes, reglamentos o estatutos sino del buen sentido común que dimana de la asunción del proyecto.

2. El Frente Cívico necesita expandirse, organizarse y asentarse en territorios, problemáticas sectoriales y permanentemente en el tejido social. Nuestra capacidad de trabajo flexible, coyuntural y de actualidad necesita, precisamente, de una organización que garantice esa maniobrabilidad. Estoy diciendo que debemos relanzar la idea del Frente Cívico en esta nueva coyuntura. Nuestra capacidad organizativa ya ha dado de sí todo lo que podía dar. Y ha sido mucho.

3. Uno de nuestros rasgos característicos del que hemos blasonado ha sido la entrega totalmente desinteresada al proyecto. Nuestras afirmaciones de que aquí no se le preguntaba a nadie de donde venía sino a donde quería ir constituye, junto lo de que aquí no venimos a servirnos sino a servir, una marca especial que ha sido reconocida por los demás. Pero esa verdad ha velado, ha ocultado algunos aspectos y situaciones que ahora deben abordarse.

4. Todo lo realizado desde nuestra fundación ha sido en virtud del esfuerzo, trabajo y sacrificio de tod@s nosotr@s. Pero en justicia he de decir que en bastantes casos el sacrificio ha sido algo más que heroico. Gastos de desplazamiento. hospedaje y otras necesidades inherentes al desarrollo del Frente Cívico han descansado sobre las espaldas de cada uno y de cada una. Este esfuerzo no se ha repartido sobre situaciones personales idénticas o similares. Ha habido, y hay, ejemplos de entrega al trabajo con condiciones económicas que califico de increíbles y hasta escandalosas. Nosotr@s partidari@s de la justicia distributiva más ejemplar no podemos seguir ignorando esto. Porque de hacerlo estaríamos diciendo que solamente pueden dedicarse a la lucha social aquellos y aquellas que tienen determinado nivel de ingresos. Sería volver a los tiempos en que la actividad política o social era cosa para potentados.

Esta reflexión conduce a una toma de decisiones que corrija esta situación porque corregirla es garantizar la viabilidad futura del proyecto. En consecuencia, propongo que la Mesa Estatal ponga en marcha el proceso pertinente para que la autofinanciación del Frente Cívico sea también una cuestión de participación democrática de sus afiliados y simpatizantes. Y además una cuestión de corresponsabilidad.

Permitidme que aclare algunas cuestiones que sobre esta propuesta puedan aparecer. En el Frente Cívico nadie debe disfrutar de una retribución que posibilite la “profesionalización” por dedicación a él; pero sí debe ocuparse de que tareas concretas para el mantenimiento del Frente no supongan merma alguna a los compañer@ que las realicen y tengan su justa compensación, además de ocuparse de las tareas del mismo sin que ello redunde en más sacrificios que los del tiempo, el esfuerzo y la dedicación. Por otra parte la propia organización necesita como tal de unos mínimos de maniobrabilidad y dedicación.

No hay problema alguno si en las cuestiones económicas -de cualquier cuota o aportación- existe, desde el principio, el control en origen. La experiencia de muchos años me ha enseñado que es la inhibición en la correcta vigilancia de quienes debieran hacerla el origen de ciertas desviaciones.

Y queda una última cuestión que no es precisamente la última en importancia. Los acontecimientos que han desembocado en el 22-M han hecho imposible desarrollar ciertos acuerdos y propuestas que estaban contempladas en nuestros documentos fundacionales. Destaco dos de ellas:

Las Áreas de Elaboración Colectiva son el método más eficaz para conseguir propuestas programáticas favorables a la mayoría, pero además son el instrumento más acabado para que en ellas se dé el encuentro entre los saberes y las necesidades. Las Áreas constituyen un lugar perfecto para establecer las alianzas para a la construcción del contrapoder. Para mayor explicación me remito a los documentos aprobados en Asambleas. Las Áreas de Elaboración tienen ya un primer material sobre el que trabajar: los 16 puntos que hemos aprobado. Dichos puntos necesitan de difusión, profundización, crítica, incardinación en la legalidad vigente, etc. es decir convertirse en proyecto de programa acabado que consiga el respaldo mayoritario por haber participado en su elaboración. La tarea de hacer posible las propuestas programáticas propias de un cambio necesitan de un trabajo en la base que solamente las Áreas pueden realizar.

Debemos relanzar en unos casos y comenzar en otros la tarea de la organización territorial del Frente Cívico. Sin organización territorial no existen ni el proyecto ni la organización, pero tampoco las garantías de participación democrática. Creo que ya es hora y sobre todo cara a lo que se avecina de poner en marcha la organización del Frente Cívico según el actual organigrama del Estado español.

Actualización: Proceso de elección de la Mesa Estatal del FCSM. Selección sistema de votación.

publicado por Admin3 junio 20, 2014 en Blog y Elecciones a la Mesa Estatal y Mesa Estatal 

Conforme al acuerdo alcanzado en la reunión de la Coordinadora Estatal del Frente Cívico “Somos Mayoría”, del día 21 de diciembre de 2013, y refrendado por las asambleas territoriales del FCSM, se pone en marcha el proceso de elección de la Mesa Estatal, con la propuesta denominada mixta para la ejecución del sistema de democracia directa. Dicho propuesta se expresó en los siguientes términos:

Implementación de un Sistema Mixto en el que aquellos/as adscritos/as que cuenten con los medios materiales y conocimientos necesarios para realizar la votación de forma telemática pueda hacerla a través del sistema que articule el Comité Electoral a tal efecto designado y que abrirá un periodo para la inscripción en un censo de votantes on-line. Para el resto de los adscritos podrán votar de forma presencial y simultánea en sus respectivas Asambleas Provinciales acreditándose debidamente con

presencial y simultánea en sus respectivas Asambleas Provinciales acreditándose debidamente con su DNI, a tal efecto se realizará una comprobación de los censos por la Comisión de Organización. De modo excepcional y siempre con la justificación necesaria se podrá establecer el voto por correo (…) La propuesta fue aprobada por 46 votos a favor, 2 en contra y 8 abstenciones.

Una vez se han actualizado los censos de la asociación, el Comité Electoral ha comunicado el calendario de este proceso, que es el siguiente:

1) Presentación de candidaturas: 28 de mayo al 12 de junio.

2) Ratificación por la Coordinadora Estatal: 14 de junio.

3) Publicación de candidaturas y presentación de impugnaciones: 12 al 22 de junio.

4) Resolución de impugnaciones y listas definitivas: 22 al 28 de junio.

5) Votaciones:
a) Por correo postal: 30 de junio al 4 de julio.
b) On line: 5 de julio.
c) Presencial: 4 y 6 de julio.

6) Publicación de resultados: 7 de julio.

7) Verificación del proceso electoral: 7 al 11 de julio.

Los/as adscritos/as que deseen presentarse como candidatos para formar parte de la nueva Mesa Estatal, deberán rellenar el formulario alojado en esta web, en la dirección:http://www.frentecivicosomosmayoria.es/candidaturas/

Hoy, 20 de junio, se abre el plazo para solicitar el voto por correo u on line, que se prolongará hasta el 24 de junio, a las 12 de la noche. Para solicitarlo, se ha de completar el siguiente formulario:Formulario de solicitud de voto.


Para cualquier duda, podéis remitir un correo electrónico a la direccióncomisionelectoral@frentecivicosomosmayoria.es

La Corona: el eslabón más débil de la crisis del viejo régimen

Juan Murillo / Diagonal

“Ha sido una improvisación y una frivolidad por parte del rey”, asegura a DIAGONAL el abogado y periodista Javier Castro Villacañas, autor del ensayo El fracaso de la monarquía (Planeta, 2013). La aprobación a toda prisa de la ley orgánica “y la situación de desamparo jurídico y de estatus en el que se queda Juan Carlos I, aunque ahora se intente arreglar, demuestra que no estaba preparadoni era la maquinaria exacta de relojería que nos han dicho”, considera el escritor.

La celeridad con la que se ha desa­rrollado el proceso es una de las cuestiones que más han llamado la atención y que muchos enmarcan en el contexto de una crisis del modelo de la Transición y el consenso alcanzado entre los entonces principales actores del escenario político.

“El juancarlismo es un pacto de régimen que se firma entre los herederos del Franquismo –con el rey a la cabeza, pero está toda la clase política del Franquismo– y la oposición a ese régimen. Está el PCE y luego el PSOE y los nacionalistas con sus pequeñas enmiendas”, expone Castro Villacañas, que subraya, además, que es esa entente entre fuerzas dispares, precisamente, la que ahora se ha roto.

Al sociólogo Isidro López le sorprende que se haya esperado hasta ahora para materializar la abdicación. Con el monarca “carbonizado totalmente en lo político”, opina que el traspaso de poderes a Felipe era “una operación relativamente fácil” que, al final, “se ha convertido en un problemón político”, a pesar de ser “el eslabón más débil de una crisis mucho más profunda que afecta a todas las instituciones del régimen del 78”.

A la desesperada

López, analista del Obser­vatorio Me­tropolitano, resalta la influencia de los resultados de laselecciones europeas, que certificaron la crisis del bipartidismo. En ese contexto de debilitamiento y pérdida de identidad del modelo político que hasta ahora ha configurado el sistema político en España, otra incógnita fundamental es ver ahora qué efecto tendrá la llegada de Felipe VI a la jefatura del Estado.

“Realmente el príncipe está más maniatado por la propia Consti­tución y la ruptura del consenso que su padre, que pudo hacer cosas porque había heredado todos los poderes de Franco y lo que hizo fue ceder esos poderes y atraerse a los demás”, señala Castro Villacañas, que cree además que “ahora viviremos unos primeros meses donde parecerá que se amplía el apoyo a la monarquía, simplemente por la sensación de cambio y el efecto positivo que eso puede generar”. Sin embargo, “a la larga, los problemas están ahí y él no va a tener capacidad política para solucionar absolutamente nada”, culmina.

“Lo tiene bastante crudo”, afirma categórico Isidro López, que ve en Felipe VI “una figura con la que cuesta mucho empatizar y mucho más en una crisis cultural en la que la monarquía se desploma como elemento simbólico”.

Juan Carlos I “ha estado haciendo política durante 30 años sin ningún tipo de piedad, pero por lo menos es campechano”, concede el sociólogo, que aduce que si se intenta vender a Felipe como instrumento de una regeneración democrática, esto “tendrá que venir acompañado, como poco, de ciertas medidas, como tocar la Consti­tución desde arriba”.

Con todo, Castro Villacañas destaca la posibilidad de que el nuevo rey intente reeditar un pacto similar al que firmó su padre con todas las fuerzas políticas. “Los asesores de la Zarzuela le van a insistir en que siga esta línea en lo que ha sido la acción política del juancarlismo, que ha sido el pacto con la izquierda y la cesión ante los nacionalistas, aunque yo no creo que lo pueda conseguir”, remata.

“Lo de los nacionalistas es un poco delicado. Su posición forma parte del pacto, pero siempre desde la tensión. Su función es generar el espacio del debate legítimo”, apostilla López.

“Hijo, todo esto será tuyo”

“Oficialmente, Juan Carlos llegó a España literalmente con lo que llevaba puesto”. Así comienza el capítulo sobre la fortuna personal del hasta ahora rey de España en el libro Un rey golpe a golpe, escrito con el seudónimo de Patricia Sverlo.

En él se detallan los movimientos y el entramado de relaciones del monarca con pudientes y empresarios de todo tipo con los que asegura que ha generado una fortuna al margen de la asignación anual que se le otorga con cargo a los Presu­puestos Generales del Estado. En 2012, el periódico estadounidense The New York Times calculaba la suma acumulada por Juan Carlos I a lo largo de su reinado en unos 1.800 millones de euros.

“Ahora nos escandalizamos de muchas cosas, pero al rey los empresarios le regalaron dos yates y nadie se escandalizó. Esa relación del rey como embajador del capitalismo español más multinacional lo hemos estado viendo como algo positivo cuando no es más que una injerencia desde el punto de vista democrático”, se explaya el escritor y periodista Mariano Sánchez Soler, que augura una continuidad en Felipe VI de ese modelo económico paralelo.

En esa “corte sin cortesanos” de los Borbones, los grandes empresarios han sido hasta ahora grandes valedores y han sido correspondidos con ese papel del rey como embajador económico de acuerdos importantes. Por poner un ejemplo cercano, como mediador ante los gobernantes saudíes en las negociaciones del AVE a La Meca.

Javier Castro Villacañas también cree en la continuidad de ese apoyo del IBEX 35, “de las grandes empresas que conforman lo que denominan la marca España”. “Son los negocios que confluyen y se realizan a la sombra de Palacio. De los que se benefician muchos y nos intentan vender que nos beneficiamos todos los españoles, pero eso tenía que contar con transparencia de información, porque no sabemos qué papel han jugado determinados comisionistas y determinados intereses en esos negocios”, lamenta.

“Esa función de lubricación de acuerdos no es transparente. Nunca lo va a ser”, coincide Isidro López. La última Ley de Transparencia aprobada por el Gobierno ha aportado algo de luz a los asuntos de palacio en lo que a los presupuestos de la Casa del Rey se refiere, pero no contempla la posibilidad de desvelar a cuanto asciende en total el patrimonio privado del rey. Tampoco se conoce cuánto le cuestan al erario público algunos viajes y actividades privadas de la familia real que no van incluidos en la asignación de los PGE, en cuestión de transporte o de seguridad, por ejemplo.

El debate sobre la responsabilidad jurídica del rey parece haberse zanjado: Juan Carlos mantendrá su condición de rey, pese a no estar en ejercicio del cargo, y gozará de un aforamiento máximo y extraordinario que seguirá eximiéndole de responsabilidad civil y penal.

“Existe el peligro de que alguien le pueda reclamar desde cuestiones de paternidad hasta temas de negocios personales y políticos”, describe Javier Castro Villacañas, que valora como “un escándalo desde el punto de vista político y democrático” el que “exista una persona al margen de la ley y al margen de toda responsabilidad jurídica”.

A pesar de ello, Isidro López insiste en que la cuestión de la inviolabilidad “es un debate que tiene un poco de trampa”. “No deberíamos perder mucho tiempo con ella. A malas, en una verdadera crisis de régimen los dos grandes partidos podrían sacrificar al rey para continuar con el modelo de Estado, pero su miedo a que, al tocar cualquier cosa, se desplome el edificio entero va a hacer que se acantonen en cuestiones como ésa”, concluye.

¿Y qué tal eso de preguntar a la población?

Además de las manifestaciones y concentraciones, se han lanzado tres iniciativas para consultar a la ciudadanía sobre el modelo de Estado y de democracia.

Referéndum Real Ya

La iniciativa Referéndum Real Ya, nacida al calor de las movilizaciones posteriores a la abdicación, está realizando una consulta en cientos de mesas y por internet entre el 14 y el 19 de junio. Lanzada por asambleas y distintos colectivos vinculados con el 15M, colectivos de la Confederación Pirata, círculos de Podemos y Equo, la iniciativa contó con un avanzado sistema de voto electrónico y validación de los votantes. Más info en: referendumrealya.com

Consulta por la democracia

La Constitución va a ser modificada para “intentar sujetar un sistema que ya no puede respirar más”. Con esta premisa, el Movimiento por la Democracia ha lanzado la iniciativa de una consulta por la democracia que se realizaría entre el 15 de octubre al 6 de diciembre.

Esta iniciativa coincidiría en el tiempo con la consulta soberanista en Catalunya, prevista para el 9 de noviembre, donde las demandas nacionalistas intentan ser complementadas con demandas sociales por movimientos como el Procés Constituent o partidos municipalistas como las CUP. Más info: movimientodemocracia.net

Izquierda Unida

El coordinador federal de Izquierda Unida volvió a demandar en su comparecencia en el Congreso el pasado 11 de junio, durante la votación de la ley orgánica que validó la abdicación, la convocatoria de un referéndum y “que se pregunte al pueblo español qué quiere en estos momentos cruciales de nuestra historia”. IU plantea la realización de esta consulta en los próximos tres meses. Más información en: referendumya.com