Por qué el debate de las listas de espera de vivienda es una trampa

Diagonal
La presidenta andaluza, Susana Díaz, desautoriza a su consejera de vivienda por la Corrala Utopía
Una ley andaluza prevé los realojos de familias con necesidad urgente de vivienda sin pasar por los registros de demandantes de pisos protegidos. La polémica sobre el realojo de la Corrala Utopía deja fuera del debate la existencia de 700.000 pisos vacíos de los bancos en la región.
Diego Sanz Paratcha, Pablo Elorduy
10/04/14 · 17:45

Foto: Hazeina Rodriguez

La polémica que ha puesto en peligro la estabilidad del Gobierno andaluz ha tenido su origen inmediato en el compromiso anunciado por su consejería de vivienda de realojar a 10 familias de la Corrala Utopía, el edificio propiedad de Ibercaja que fue recuperado por el 15M en mayo de 2012 y que inauguró el movimiento de corralas -bloques vacíos ocupados para realojar a personas sin acceso a una vivienda digna- en la región. La presidenta de la Junta, Susana Díaz (PSOE), ha desautorizado a su consejería y ha asegurado que realojar a estas personas sin pasar por la lista de espera – en realidad, los registros municipales que en Andalucía funcionan para solicitar vivienda protegida- supone un acto de prevaricación. No obstante, las propias normas municipales andaluzas contradicen a la presidenta y prevén situaciones como ésta. Aún así, la palabra introducida como tema de conversación por la Junta está teniendo un fuerte efecto polarizador sobre una práctica -la recuperación de viviendas vacías en manos de los bancos- que cuenta con un fuerte apoyo social.

La decisión de Fomento de Vivienda no supone una excepción ni un desborde de las atribuciones en esta materia. El artículo 13.1b del Decreto 1/2012, que regula estos registros municipales para darse de alta como solicitante de vivienda protegida, permite la adjudicación excepcional de viviendas a familias en riesgo de exclusión social. Se pueden incluso citar ejemplos concretos solicitados por el propio PSOE: en agosto de 2012, el grupo municipal socialista de Cádiz solicitó a la alcaldía de Teófila Martínez (PP) el realojo de unos vecinos que vivían en la sexta planta de una clínica. “Ella debe dar solución en el realojo a estos vecinos y aplicar en este supuesto lo establecido en el artículo 14 de la Ordenanza Municipal de Conservación y rehabilitación y en el articulo 6 de la Ordenanza de Infravivienda, porque lo contrario supone dejar abandonadas a su suerte a estas cuatro familias”, argumentaba, ordenanza en mano, el PSOE de Cádiz.

“Resulta sorprendente la argumentación de Susana Díaz cuando la propia ley vigente establece la excepción a la adjuficación con base el reglamento de vivienda”, coincide Eduardo Zorrilla, concejal de IU en Málaga. El representante señala a DIAGONAL que el IVIMA, la empresa municipal de vivienda de esta ciudad, hace al mes entre 10 y 20 adjudicaciones extraordinarias a familias en grave situación de exclusión social. “Somos muy escrupulosos y siempre exigimos el informe social”, señala, y destaca que el PSOE desde hace dos años “siempre ha votado a favor” de estas adjudicaciones. “Unos casos son más graves que otros, y los más graves son los de familias que se quedan en la calle, como ha sido el caso de la Utopía”. Estas adjudicaciones, afirma, no son exclusivas de Málaga y se dan “en todas las ciudades grandes con un parque público de vivienda”.

Acuerdo del pleno de la empresa municipal sevillana de vivienda, Emvisesa, por el que se admiten procedimientos extraordinarios de realojo que no pasan por el registro de demandantes de vivienda social.

El propio ayuntamiento de Sevilla (PP), que se ha negado a realojar a las familias en el parque público municipal, utiliza un baremo similar. En un acuerdo del pleno del 30 de octubre de 2013, la empresa municipal de vivienda (Emvisesa) creaba un mecanismo excepcional para el acceso a la vivienda pública hogares “con necesidades urgentes de vivienda social”. El acuerdo permite a estas familias ser incluidas en pisos del ayuntamiento al margen de “la obligación de adjudicación de registro público municipal” siempre que demuestren ingresos inferiores a 2,5 veces el IPREM anual en vigor. Es decir, el ayuntamiento permite eludir la obligación del registro en el listado de pisos municipales a familias que ingresan hasta 15.975 euros anuales. El pleno de Emvisesa también acordaba esta medida para unidades familiares “en grave situación de exclusión social” o “en proceso de realojo“. Firma el documento el alcalde y presidente de Emvisesa, Juan Ignacio Zoido.

La consejería de vivienda andaluza estima que alrededor de un 8% de los pisos protegidos en régimen de propiedad están vacíos En datos remitidos a un informe del Defensor del Pueblo del año 2012, la Junta de Andalucía cifraba en 29.251 el número de pisos con algún tipo de protección en esta comunidad autónoma y en más de 82.000 el número de personas solicitantes de estas viviendas, siempre a través de los registros municipales de vivienda. El Gobierno andaluz estimaba que alrededor de un 8% de los pisos en régimen de propiedad, y un porcentaje mayor sin especificar de pisos en régimen de alquiler estaban vacíos, lo cual dejaba la cifra total en cerca de 2.300. La consejería de Fomento de Vivienda, ya en manos de la consejera Elena Cortés (IU), valoraba que el principal motivo para la existencia de vivendas protegidas vacías eran “principalmente los problemas que las entidades financieras están poniendo para el crédito a los posibles adquirentes, así como a la inseguridad laboral, que retrae la demanda de este tipo de viviendas”.

La arquitecta y experta en políticas de vivienda, Raquel Rodríguez, señala a DIAGONAL que parte del origen del problema está en la propia forma en que se ha diseñado la política de vivienda protegida. “La vivienda protegida la ha hecho mayoritariamente el promotor privado. Y normalmente es la propiedad la forma de acceso. ¿Qué familias registradas en las listas municipales van a tener un crédito disponible para acceder a esa vivienda protegida?”, sostiene. Algo en lo que coincide Marta Solanas, también arquitecta y miembro de la Intercomisión de vivienda 15M, el grupo que impulsó junto con las vecinas la recuperación del edificio vacío de Ibercaja que se convertiría en la Corrala Utopía. Para Solanas, “el problema de los últimos dos o tres años de crisis es quién está consiguiendo VPO, no la gente más necesitada, sino la gente que tiene acceso a crédito”.

El problema de los últimos dos o tres años de crisis es quién está consiguiendo VPO, no la gente más necesitada, sino la gente que tiene acceso a crédito”Las palabras de Susana Díaz, y el gesto que las afirma –la retirada de la competencia en gestión de VPO a la consejería de vivienda detentada por sus socios de IU– apuntalan la competencia entre pobres por recursos aparentemente escasos. Visto el desnivel entre demanda y oferta de vivienda protegida, las palabras de Díaz parecen tener sentido, y con ella las listas de espera. Pero la ley antidesahucios de la consejería ampliaba el foco y apuntaba -si bien tímidamente- al grueso del parque de vivienda vacía existente en Andalucía: las 700.000 pisos en buena parte en manos de la banca rescatada con dinero público. En la provincia de Sevilla, estos pisos podrían alojar a más del 10% de la población, según el censo del INE recogido en 2011. Hundida la ley por los dos torpedos lanzados desde el Gobierno central a instancias de la Troika, quedan las recuperaciones de corralas promovidas por los grupos stop desahucios y la propia práctica generalizada de la okupación en la mayoría de barrios populares -y algunas urbanizaciones desiertas- del país.

Juanjo, miembro de la intercomisión de vivienda del 15M de Sevilla, es un buen conocedor del proceso interno de la Corrala Utopía y tiene claro que detrás de la polémica hay algo más que una cuestión formal. “Tanto los bancos como los ayuntamientos llevan años negociando realojos con familias que han ocupado”, sentencia. En el caso de la Utopía, la propia Ibercaja incluyó a algunas vecinas en su programa de alquileres sociales “llave solidaria”. “Lo que pasa es que el Ayuntamiento de Sevilla, y ahora también la Junta, quieren que esto se haga por lo bajo, no quieren que esto no sea un ejemplo”, dice, y añade que la propia jurisprudencia europea “llevada al límite establece que las administraciones tienen que dar una vivienda a las personas que lo necesitan”, en referencia al requerimiento del tribunal de Estrasburgo que solicitó a las administraciones una alternativa para las familias de la Utopía a escasos días de su desalojo.